EL GOBIERNO Y LA PANDEMIA. DECISIONES, FRACASOS E IMPACTOS

En las primeras semanas de la presencia del Covid19 en el Perú el Gobierno actuó con oportunidad y hasta con presteza. De hecho, fue el primer Gobierno de Latinoamérica que estableció un estado de emergencia duro. Pero pronto, a medida que transcurrían las semanas y el estado de emergencia era extendido hasta por cuatro veces –totalizando 70 días hasta el 25 de mayo— se pudo observar que el presidente Vizcarra y su administración carecían de un plan estratégico para afrontar la pandemia o que, por lo menos, carecían de las capacidades humanas y organizacionales para implementarlo y ejecutarlo.

Hacia fines de abril ya era notorio que había una parte de la población que incumplía las restricciones dispuestas como inamovilidad social obligatoria, más en unas regiones que en otras; lo que se reflejó pronto en una explosión de contagios de Covid19 y la saturación crítica de los servicios de salud para atender a los infectados. Ahora queda muy claro que –en un ambiente político en el que el Gobierno disponía bonos y asistencia alimentaria a la población en situación de pobreza— el incumplimiento de las restricciones, por individuos y grupos, era mayormente un caso típico de indisciplina social causada por anomia, egoísmo y falta de responsabilidad.

Entonces, el despliegue de las fuerzas del orden para controlar el orden dispuesto por el estado de emergencia, pronto fue desvalorizado debido a que el personal policial y militar perdió empoderamiento y autoridad, toda vez que desde el Gobierno y ciertos medios de comunicación se alegó casos de abuso de la fuerza. En retrospectiva, esta situación desmoralizó al personal policial y militar en actividades de control del orden, llegando a generar incluso y por semanas –entre abril y mayo— un repliegue de los contingentes destacados, o su inoperancia. En el día de hoy se puede afirmar con fundamento que si las FFO hubieran impuesto el cumplimiento de la inamovilidad social obligatoria con uso de la fuerza que autorizaba la norma que decretaba el estado de emergencia, hubiera disminuido a niveles marginales la indisciplina social, mientras que el gasto gubernamental en bonos y canastas alimentarias ayudaba a la población vulnerable a paliar la emergencia.

Eso, que debería haber ocurrido en el primer mes y medio de la “cuarentena”, no sucedió y sí se multiplicó la indisciplina social, entonces asociada a diversas necesidades de sectores de población, como la de los “caminantes” o “retornantes” que rompieron por completo las restricciones de movimiento vigentes, frente a lo cual el Gobierno adoptaba una actitud complaciente.

Pero ya avanzando mayo se observa que la violación de la inamovilidad social obligatoria está directa y radicalmente asociada a necesidades de subsistencia de una amplia cantidad de familias que se encuentran sin ingresos desde marzo. La indisciplina social se ha fusionado con la necesidad de subsistencia y esta conjunción ha definido el escenario social actual, en el que calles y espacios públicos son inundados por “ambulantes” y otros actores económicos que, pasado el momento de los bonos (muy mal administrados) enfrenta la posibilidad cierta del contagio con Covid19 ante la imperiosa necesidad de proveer a su hogar de medios de subsistencia diaria.

Entre tanto, es notorio que el número acumulado de casos de contagio aumenta de manera exponencial entre el 16 de marzo y fines de abril –de 86 casos el 16 de marzo a 21.648 casos acumulados el 25 de abril-- y de allí a 129.751 casos acumulados el 26 de mayo. Al respecto, una aseveración que resiste cualquier crítica es la de que, al fracasar el Gobierno en el control de la propagación del Covid19 (ineficacia de los “martillazos”) adoptó la mala decisión de mantener la cuarentena, ahora hasta el 30 de junio, sin mostrar una estrategia para remontar el “estado de meseta” de la infección; sin siquiera capacidad de comunicación para explicar a la población, incrédula y descontenta, como así la infección “ya llegó” a su culminación, si siguen aumentando los contagios en el orden de 3.000 a 4.000 e incluso a 5.000 casos diarios.

Como no ha sucedido en abril o en lo que va de mayo, ahora la violación masiva y resiliente de la inamovilidad social obligatoria en varias ciudades del país y singularmente en Lima, apunta a convertirse en un fenómeno de desobediencia social que no podría ser afrontado con las FFO disminuidas en su autoridad. Lo más probable es que día por día los medios de comunicación nos ilustren sobre el desacato popular amplio a las restricciones del estado de emergencia, frente a lo cual no van a tener efecto disuasivo las advertencias gubernamentales de extender más allá de junio la cuarentena, o las amenazas de reprimir la explosión de la economía informal que aumenta para paliar necesidades familiares imperativas.

El fracaso gubernamental en controlar la propagación del contagio, en el tiempo prudente de 30 a 45 días, apunta a desterrar toda credibilidad a los mensajes del presidente Vizcarra y de sus ministros, que oscilan entre el optimismo insubsistente y el malestar, culpando “a la población” del fracaso de la cuarentena y tratando de evitar críticas al atribuir a gobiernos antecedentes las graves deficiencias de gestión que son propias de la actual administración.

Esto, cuando el DS Nº 094-2020-PCM, que extiende el estado de emergencia por quinta vez, es realmente elusivo y trivial acerca de “la nueva convivencia” que sugiere un nuevo contrato social pero que no ofrece señales del mismo. Más bien, las aglomeraciones tumultuosas en el emporio empresarial de Gamarra (La Victoria) y en paraderos de transporte público, y el desorden consiguiente, ocasionados por personas que tienen la necesidad imperiosa de salir a conseguir medios de subsistencia para el día, indican claramente el temprano colapso de la “nueva convivencia”.

Empero, de alguna manera en contraposición, la mayoría de especialistas coinciden –puntos más, puntos menos— en que la pandemia del Covid19 en el Perú está disminuyendo en intensidad, y se hace cada vez más lenta en sumar el número de contagiados (aunque éste aumenta debido al incremento de las pruebas de detección aplicadas). Algunos estudios muy recientes han mostrado que hay señales de una “meseta”.

Así, por ejemplo (César Angulo), en cuanto al porcentaje de personas que dan positivo cada día, respecto al número de personas muestreadas, con pruebas moleculares, pues la relación entre el número de contagiados supuestos cada día y el número de contagiados confirmados en ese período muestra una tendencia al decrecimiento de los primeros, lo que configuraría una “meseta”. También (Mateo Prochazca) que luego de 70 días de cuarentena está disminuyendo el número de casos nuevos de contagio, a pesar de que se presenten “picos” en algunas fechas; y que la demanda de ocupación de camas UCI está descendiendo, en relación a semanas precedentes. Igualmente (Centro Wiñaq) que hay un descenso en la curva de fallecidos por causas no violentas en Loreto y Ucayali, a partir de la primera semana de mayo, indicando una cierta remisión de la infección en esas regiones, que antes presentaron niveles críticos de infección y letalidad por Covid19.

Pero, para el Gobierno parece bastante complicado graficar y explicar la “meseta” al nivel de comprensión de las mayorías sociales. A lo que hay que sumar el interés del Gobierno por mantener la cuarentena rígida, a falta de una estrategia flexible y focalizada que atienda zonas con alta prevalencia de infección para romper la cadena de la propagación.