EL INFORME DE LA CVR: 23 AÑOS DE FALSEDADES

En estos días prolifera una campaña para la defensa del Informe de la CVR (2003) valorándolo como exposición de una auténtica y políticamente correcta memoria sobre la guerra subversiva y contrasubversiva en el Perú 1980-2000. No es sólo la marea de textos en redes sociales y en alguna prensa defendiendo la idoneidad de dicho informe reafirmada por un reciente artículo de quien fuera su presidente, Salomón Lerner. Hasta se anuncia la aparición inminente de un libro “las guerras de la historia. el uso político del pasado en Perú” (sic).

Se trata, claramente, de defender lo indefendible y es una maniobra dirigida expresamente contra Alberto Fujimori, temiendo que su legado sea reconocido por el gobierno de su hija ahora presidente de la República. El temor subyacente es que se desvirtúe la narrativa implantada con medios diversos contra la política y la estrategia de Alberto Fujimori en la lucha contra la subversión comunista. Se teme que la verdad impulse el desmontaje y el descrédito social del anti-fujimorismo falsario.

       Sobre el Informe de la CVR ha sido suficientemente establecido en distintos medios y tiempos el cúmulo de sus errores estructurales en lo concerniente a la explicación del “conflicto armado interno” y en su apreciación de “los factores que hicieron posible la violencia”. También ha sido con firmeza cuestionado su “balance cuantitativo” de las víctimas ocasionadas por la agresión subversiva y se ha informado sobre la distorsión “antropologista” en los temas de exclusión social y racismo. Pero no se ha criticado en forma suficiente el sesgo ideológico impreso en la divulgación de dicho Informe sobre la presunta actuación “terrorista” estatal organizada durante el gobierno de A. Fujimori, que sigue siendo refractaria a la comprobación y es la base fundamental de la posverdad erigida al respecto. Realmente, habría que hacer un trabajo de “ingeniería inversa” en el Informe, partiendo de sus conclusiones hacia sus premisas para desbrozar sus inconsistencias y falacias. Es un esfuerzo en curso y todavía inconcluso.

     Lo que ahora se intenta –es una práctica persistente y además fracasada por más de 20 años– es escamotear u ocultar hechos reales ofreciendo interpretaciones que los desvirtúan, empezando por afirmar, con absoluta y descarada falsía, que

“En sentido estricto, el nuevo gobierno (de A. Fujimori) no ideó una nueva estrategia contrasubversiva. Más bien (…) mantuvo la estrategia integral de las FFAA e impulsó iniciativas legales para complementarla (ante) la necesidad de instalar un sistema de democracia dirigida" (CVR. Informe Final. Tomo I. Capítulo 1. Los períodos de la violencia. 2003. Lima. https://www.cverdad.org.pe/ifinal/)

      Esta aseveración es cabalmente falsa en sus dos extremos. En uno, por negar la originalidad distintiva de la política y estrategia de Fujimori para combatir la subversión. En otro, por la pretensión falaz de vincular su estrategia contrasubversiva a un proyecto político-militar del que no se presenta alguna sustentación.

      La verdad es que Fujimori no “mantuvo la estrategia integral de las FF.AA.”, que, por otra parte, no existía con esa alegada integralidad, limitada como estaba al campo militar; tampoco “impulsó iniciativas legales para complementarla”; más bien sustituyó la estrategia precedente –con muy baja articulación de componentes, errática en períodos, inconducente– por una nueva concepción política y estratégica. En este sentido cabe afirmar que ha sido con Fujimori que, por primera vez, a diez años del estallido de la agresión subversiva armada, que el estado peruano contó con herramientas para combatirla y derrotarla, como efectivamente sucedió.

      La verdad es que A. Fujimori asentó en su primer período de gobierno las decisiones que permitieron erigir las cuatro “vigas maestras” de una nueva concepción política y estratégica contrasubversiva:

Primera. Incorporación de las fuerzas armadas con sus recursos humanos y organizativos a la ejecución de tareas en apoyo al desarrollo de las poblaciones afectadas por la actividad subversiva. Se quería remontar la actividad militar puramente represiva, de control de territorio y de población –intimidatoria y coercitiva– para encontrar y hollar la vía que conduzca a separar a las poblaciones civiles de los agentes subversivos. Eso exigía el nuevo diseño de la misión de los comandos político-militares en las zonas bajo el estado de excepción, que no serían más (como en gobiernos previos) agencias del poder militar superpuesto a las autoridades civiles o ajeno a éstas, sino, por el contrario, ejecutores de la política y estrategia definidas por la autoridad civil del gobierno en su más alta instancia: la presidencia de la República.

     Segunda. Conjunción de las fuerzas del orden del Estado con los órganos de autodefensa de las poblaciones afectadas, dotándolas a éstas de medios para ejercer su defensa activa y efectiva, que se materializó en el fortalecimiento y expansión de los comités de autodefensa, armados por el Comando Conjunto de las FFAA. Rescatando y potenciando la experiencia iniciada en el último tiempo del primer gobierno de Alan García, los comités de autodefensa y las FFAA establecieron una relación armoniosa contribuyendo a disociar a las poblaciones civiles de los elementos subversivos. El respaldo activo gubernamental a los comités de autodefensa fue efectivo en conseguir la separación de las poblaciones respecto de los elementos subversivos, acotando al extremo la efectividad del aforismo de Mao Zedong para la guerra revolucionaria, que dice: “El ejército revolucionario debe vivir como pez en el agua. El ejército es el pez y el pueblo el agua”. El pez se ahogó cuando fue sustraído del agua que quiso convertir en un charco ensangrentado.

Tercera. Centralización del planeamiento, ejecución y control de las operaciones y acciones de los efectivos de las FFAA y PNP en las zonas rurales, bajo la primacía de la autoridad civil en el más alto nivel del gobierno. Se clausuró el espacio antecedente en el cual los elementos operativos de las FFAA de los comandos político-militares actuaban como “órganos de un poder militar de facto” independiente de directivas políticas de la suprema autoridad civil. Esa reforma, derivaba de directivas políticas precisas que comprometían a los institutos armados, como la Directiva 001-90 “Planeamiento Estratégico de Defensa Nacional” de diciembre de 1990 y la directiva 003-91 “Planeamiento de la Defensa Nacional para la Pacificación”. En ambas se registraba los lineamientos generales para la lucha contrasubversiva; tales como respeto a los derechos humanos, enfatizar acciones de desarrollo, recuperar la presencia del Estado en su expresión administrativa, intensificar la ejecución de acciones integradas de inteligencia (Gein). En esas directivas se establecieron objetivos de política a los sectores Defensa e Interior, así como estrategias generales en el campo militar. Este cambio pivotó en el planeamiento operativo sujeto a la producción de inteligencia contrasubversiva unificada bajo la batuta del SIN, que alcanzó su real papel rector del SINA, superando los clivajes o escisiones anteriores.

     Cuarta. Nuevo enfoque de la contrasubversión que se materializó en cambios radicales para la penalización de subversivos por la administración de justicia; incorporó el establecimiento de los “jueces sin rostro” así protegidos de amenazas extorsivas desde los aparatos del PCP-SL, en el juzgamiento de acusados por terrorismo; estableció tribunales militares para juzgar por traición a la patria a los cabecillas de la organización subversiva, con la única opción de la condena a cadena perpetua; y, en contrapartida, emitió la Ley de Arrepentimiento que habilitó el espacio para que más de mil individuos vinculados a la subversión abandonen las redes de la organización. En forma complementaria, desde la propia presidencia de la República Fujimori impulsó el indulto de acusados y sentenciados seleccionados por la independiente “Comisión Lanssiers”.

     Fueron esas cuatro “vigas maestras” generadas en el gobierno de Alberto Fujimori las que reestructuraron la acción del Estado para combatir y derrotar a la subversión comunista con una estrategia renovada que comprendía cambios sustantivos y produjo resultados exitosos.

     Estas son apreciaciones que el Informe de la CVR omite por completo y las sustituye por interpretaciones mentirosas, en las que el documento revela la intencionalidad ideológica y política de sus integrantes, enemigos políticos de Alberto Fujimori, de condenar y execrar su conducción de la lucha contrasubversiva. Es así que en su conclusión 60 el Informe de la CVR menciona: 

“La CVR señala que, en agosto de 1989, las fuerzas armadas aprobaron la sistematización de una estrategia contrasubversiva. La nueva estrategia distinguía en los teatros de operaciones poblaciones amigas, neutrales y enemigas, y no tenía como objetivo principal el control territorial sino la eliminación de las Organizaciones Político-Administrativas (OPA) o comités populares senderistas; ganar a la población y aislar a la fuerza militar del PCP-SL. La estrategia produjo resultados decisivos, como alentar la reacción del campesinado contra el poder senderista y la masificación de los comités de autodefensa, que cambiaron las relaciones entre las fuerzas armadas y el campesinado”.

    Pero, con amaño, se abstiene de señalar que esos “resultados decisivos” producidos por la estrategia fueron posibles solamente cuando desde del gobierno y mediante normas modificatorias de la normativa anterior se preocupó por centralizar la acción estatal contrasubversiva y conferirle efectividad; asimismo omite que las normas producidas fueron en varios casos derogadas o su aplicación obstruida por las fuerzas políticas en el Congreso antes de abril de 1992.

      La tergiversación de los hechos se extiende a la conclusión 61:

“En esta etapa las violaciones de derechos humanos fueron menos numerosas, pero más deliberadas o planificadas que en la etapa anterior. Aparecieron, además, escuadrones de la muerte cuya actividad llevó a que el Perú ocupara en esos años el primer lugar en el mundo en desapariciones forzadas de personas”.

Porque omite especificar el término temporal de la proposición conclusiva y no aclara a qué tiempo cronológico se refiere su alegación de: “En esta etapa las violaciones de derechos humanos…”, que podría referirse al período anterior a agosto de 1990 o posterior a éste. Lo mismo ocurre con el fraseo de: “el Perú ocupara en esos años el primer lugar en el mundo en desapariciones forzadas de personas”.

      Pero donde las conclusiones del Informe de la CVR adquieren un tono abiertamente fantasioso encubierto con tiempos y fechas imprecisos, es en la conclusión 62:

“La CVR señala que la nueva estrategia fue aprovechada por un grupo de oficiales que, a su vez, diseñó planes para una posible interrupción castrense del proceso político. Parte de esos planes autoritarios serían retomados posteriormente para el golpe de Estado de 1992”.

Esta conclusión prosigue desbordada de fantasía, pero deja sentada la apreciación, inconsistente con los hechos, de que “la nueva estrategia” –¿la pautada en 1989, la desarrollada a partir de agosto de 1990?– “fue aprovechada por un grupo de oficiales que, a su vez, diseñó planes para una posible interrupción castrense del proceso político”. Lo que quiere convalidar ex ante la interrupción transitoria del régimen político en abril de 1992.

No obstante, hay que reconocer que los autores de las conclusiones del Informe de la CVR son consistentes en el progreso de sus argumentaciones políticas contra Fujimori, que aparecen con meridiana claridad en la conclusión 68:

“La CVR diferencia en primer lugar los años que van entre 1980 y 1992, tramo que transcurrió bajo regímenes civiles electos democráticamente, del tramo final de nuestro mandato, posterior al golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Ese cambio de régimen tiene una incidencia directa sobre las responsabilidades de las máximas autoridades del Estado en torno a las violaciones de los derechos humanos, pues la centralización del poder incide en la relación más directa en principio entre el Presidente de la República y los grupos que operan encubiertos por el poder para perpetrar esas violaciones”.

Con esta alegación el Informe de la CVR plantea de manera directa la tesis de “la autoría mediata por dominio del hecho” o “por dominio de la organización”, argumentación jurídica endeble que sustentó la condena penal de Alberto Fujimori por la comisión de delitos contra los derechos humanos.

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El camino del esclarecimiento de la verdad histórica puede ser largo, pero es necesario transitarlo. No es una tarea que inicia ahora contra los falsificadores de la historia que quieren convertir en una narrativa de posverdad para conveniencia de sus intereses. Un aporte está en las páginas de mi libro "La otra memoria". Lima, Barba Negra. 2023. De donde he tomado lo expuesto aquí.