LA SOBERANÍA POPULAR CONTRA EL GOBIERNO EN ESPAÑA

Lo que ha ocurrido ayer, 2 de septiembre y Día de Ceuta, en toda España, es un suceso histórico extraordinario, sucede después de 218 años: la comunidad que se identifica como española reclama, en congregaciones de multitudes, la soberanía de su poder condenando al gobierno en funciones.

La última vez que tal aconteciera en todo el territorio de España prendió en 1808. En ese entonces Fernando VII y Carlos IV abdicaron el trono español en Bayona (Francia) ante la demanda de Napoleón que había ocupado el territorio del reino. Las poblaciones de España, desde su añeja institucionalidad comunal, reclamaron el poder político que les correspondía ante el hecho consumado de la sede monárquica vacante (vacatio regis). No era una alegación simple.

     Estaba nutrida por una voluntad popular de siglos y por una tradición recogida con fidelidad por el gran pensamiento político conservador y escolástico de raíz tomista (s. XVII) decantado en autores como Francisco de Vitoria, Luis de Molina, Francisco Suárez, Juan de Mariana.

     Ellos, con matices, expusieron la magna idea de que el poder político procede de Dios, pero reside originariamente en la comunidad política y llega al gobernante mediante la comunidad; la comunidad política posee por sí misma la potestad para gobernarse: la res publica (República); la potestad pública pertenece a la república, aunque pueda ser encomendada a un rey.

     La misma magna idea de que el poder político no fue concedido por Dios inmediatamente a ningún hombre particular, sino a la comunidad (Suárez). El rey está sometido a las leyes fundamentales y no es propietario del reino, su autoridad está ordenada al bien de la comunidad (Mariana). La potestad viene de Dios por naturaleza; pertenece inmediatamente a la comunidad política; la comunidad instituye al gobernante; y el gobernante permanece sometido al derecho, al bien común y a las condiciones que legitiman su autoridad (Mariana). La tiranía puede destruir el deber de obediencia (Suárez).

     Cuando en España el día 2 de mayo de 1808 brotó la insurrección popular contra el régimen impuesto por Bonaparte, se multiplicó el grito en las gargantas del pueblo: “¡Viva las ca’enas!” refiriendo su respaldo unánime a la monarquía española, aunque vacante -denostada por el régimen bonapartista como absolutista y opresora- frente al poder gobernante que había venido de la Francia posrevolucionaria con sus invocaciones de libertad, igualdad, fraternidad (y toda su parafernalia “democrática” racionalista y humanista).

     Lo acontecido ayer en toda España con multitudinarias manifestaciones populares condenando al gobierno del socialista (“humanista”, progresista, inclusivista, multiculturalista) de Pedro Sánchez Castejón y sus tribus de las izquierdas políticas, por su sumisión ante Marruecos y su desvelado curso de traición a la soberanía española en Ceuta, es muy revelador.

     Las multitudes ciudadanas de españoles, ente los ayuntamientos y sedes comunales en todas las regiones, han honrado su tradición de soberanía popular exigiendo la dimisión en el cargo de presidente de gobierno, del corrupto y traidor Pedro Sánchez, que se quiere erigir como tirano encimándose incluso sobre el rey Felipe VI.

     En 1812, cuatro años después de iniciada la insurrección popular que dio lugar a la guerra de la independencia en España, las representaciones populares españolas se dieron a sí mismas la Constitución de Cádiz, la primera en la historia del reino. En esa carta constitucional se afirmó el principio de la soberanía popular con base comunitaria; el mismo que llegó a los dominios del imperio español en América, portado por los representantes elegidos en estas tierras, fundando la propia idea de independencia.

     Volviendo a los sucesos multitudinarios de ayer en España. Lo que ha ocurrido es una réplica no violenta de lo acaecido en 1808. La ciudadanía española (incluso partidarios y representantes comunales del gobernante PSOE socialista) han coincidido en las mismas consignas: “¡Sánchez dimisión!”, “¡Sánchez traidor!” y ya, más jocunda, “¡Sánchez hijo de puta!”.

     Espero que no sea demasiado anhelar que el monarca español Felipe VI preste atento oído al clamor del pueblo de su reino y actúe en consecuencia con la responsabilidad que le compete para asumir con decisiones propias, defendiendo la demanda de la soberanía popular, obrando para no quedar como un figurón enmascarando la vacatio regis en este momento.

     Pedro Sánchez está engendrando con su gestión de gobierno, a más de la traición y sumisión a Marruecos ya efectuada y demostrada, una tiranía. Es momento preciso para recordar que el gran pensamiento político conservador de Vitoria, Molina, Suárez y Mariana, fundadores en España del concepto de soberanía popular que recae sobre el rey, establece que el poder político de la comunidad es anterior, primordial y sustentatorio del título político del rey.

     El proyecto de tirano Pedro Sánchez debe y puede ser depuesto y así podría evitarse un tiranicidio y preservar la monarquía unificadora de España que el PSOE y las izquierdas pretenden destruir.