El martes 15, el Tribunal Constitucional eligió, por unanimidad, a Marianella Ledesma, vocal y presidente del tribunal, para que sea la ponente en el caso de la demanda competencial y medida cautelar que interpuso el día 14, el Ejecutivo contra el Congreso.
Es bien conocido que la magistrada Ledesma participa del grupo de vocales del TC que se han mostrado afines a las posiciones del Gobierno, lo que fue evidente cuando el tribunal convalidó la disolución del Congreso y desechó la demanda de inconstitucionalidad planteada por el ex presidente del Congreso, Pedro Olaechea.
El mismo 15 el TC había decidido no declararse en sesión permanente para dedicarse al análisis de la demanda competencial y medida cautelar. El contenido político de esta decisión es muy significativo, puesto que a favor de la sesión permanente votaron los vocales Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, previsiblemente afectos al Gobierno; y votaron en contra los vocales Manuel Miranda, Augusto Ferrero, Ernesto Blume y José Luis Sardón, visiblemente desafectos al Gobierno. Esta mayoría es perjudicial para las expectativas del Ejecutivo, sumamente interesado en que el recurso cautelar sea resuelto por el TC antes del viernes 18.
Un comunicado del TC ha anunciado hoy miércoles 16 que el tribunal “sesionará este jueves 17 y verá la admisibilidad de la demanda de conflicto competencial y la solicitud de medida cautelar, referida a la vacancia (…) En la sesión (…) la magistrada ponente Marianella Ledesma Narváez, presentará ante el Colegiado los proyectos de auto sobre calificación de demanda y la medida cautelar”.
Este comunicado del TC expone la inusual –más bien extraña-- premura, de la vocal ponente Ledesma, que ciertamente se ha avocado a elaborar, en tiempo récord “los proyectos de auto sobre calificación de demanda y la medida cautelar”.
Pero hay distancia entre el acto de presentación de esos proyectos, por parte de la magistrada Ledesma, y la decisión del TC sobre la calificación de la demanda –si es o no es admitida— y sobre la medida cautelar presentada adjunta. Porque esa decisión del pleno del tribunal no tiene que efectuarse el mismo día, pues el reglamento del TC prescribe que los vocales tienen hasta cinco días para emitir su opinión al respecto, opción a la que probablemente recurrirán los magistrados opuestos a Ledesma.
Lo que trasladaría los tiempos, inevitablemente, hasta la semana siguiente cuando menos. En tanto, el recurso cautelar no corre si la demanda no es admitida y procedería que el presiente Vizcarra y/o sus abogados deban presentarse ante el Congreso el viernes 18, para hacer sus descargos ante la moción de vacancia.
En el caso improbable, de que el TC se pronuncie antes del 18, a favor de la medida cautelar elevada por el Gobierno, quedaría inhabilitado el proceso de la moción de vacancia. Pero si el TC se pronunciara a favor de la medida cautelar después del día 18, este pronunciamiento sería extemporáneo por tardío y sería perjudicial para el Gobierno, que no podría revertir hasta entonces el hecho de que el Congreso haya avanzado debatiendo la moción de vacancia, aunque todavía no haya votación al respecto.