"INDIGNADOS", COMPARSA DE LA DESESTABILIZACIÓN

Los “indignados” que han salido a las calles en actos de protesta con rasgos de violencia, en los últimos días, son una variopinta confusión de gentes en la que se entremezclan los que pretenden que regrese Vizcarra a la presidencia, a pesar de las fuertes imputaciones de falsedad y corrupción que pesan sobre él; los que aceptan la vacancia pero quieren que renuncie el presidente del gobierno transitorio, Manuel Merino, aunque no tienen claro que eso conduciría a que sea reemplazado por el nuevo presidente del Congreso, o sea, más de lo mismo; los que pretenden el adelanto de las elecciones generales convocadas para abril próximo, lo que es materialmente imposible; y aquellos que expresan su rechazo al sistema político.

Es necesario señalar que son estos últimos los que llevan de las narices a todos los anteriores y conducen las marchas y manifestaciones con una estrategia de desestabilización política largamente aprestada por grupos extremistas de las izquierdas que pretenden el cambio de la Constitución y una “refundación de la República”, como lo han intentado en Chile y en Colombia. La estrategia de desestabilización explica que congresistas del Frente Amplio que aprobaron la vacancia de Vizcarra ahora aparezcan como promotores de las movilizaciones callejeras, junto con los activistas de Juntos por el Perú de Veronika Mendoza y de los diversos partidos comunistas locales, aunque en una mayoría de casos esconden sus banderas y se muestran como “colectivos”, “coordinadoras”, “movimientos” y otras figuras del activismo.

Peor todavía es que en las algaradas participen integrantes o simpatizantes de Acción Popular, enarbolando la memoria de Fernando Belaunde, a pocos días que en el Congreso otros integrantes de Acción Popular aprobaron la vacancia en nombre, precisamente, de FBT. O que congresistas de Unión Por el Perú, partido que impulsó la vacancia, ahora respalden y alienten las protestas sociales contra ella. En el colmo de la confusión, estos y aquellos actúan en amalgama con los intonsos social-confusos del Partido Morado que no se dan cuenta de ser instrumentos desechables del oportunismo electorero de Julio Guzmán.

El escenario no da para tragedia sino para farsa, más todavía cuando Martín Vizcarra declara ante medios de prensa su preocupación por la carencia de legitimidad del presidente que lo ha sustituido, o cuando su ex PCM Walter Martos celebra las movilizaciones tumultuosas, mientras que cuando tenía el cargo repudiaba toda reunión social atendiendo a la emergencia por la pandemia.

Pero es una farsa peligrosa porque tras la falsa espontaneidad del activismo hay oscuros operadores impulsando el caos que será aprovechado por actores transnacionales interesados en incorporar al Perú en su experimento de sustitución de los estados nacionales por un ordenamiento globalista. A quienes esta aseveración les parezca especulativa, irreal, cabe llamar su atención sobre la novedosa estrategia de desestabilización política conocida como Swarming, utilizada en varios países y que parte de una coordinada actuación de medios de comunicación que azuzan las protestas callejeras con líneas editoriales incendiarias y líneas informativas que presentan como “golpista” y “represor” al nuevo gobierno y eso en un concierto mayor con influencers y trolls que en redes sociales organizan y articulan las protestas callejeras. Más relevante es el papel de medios que saturan al Twitter, al Facebook e Instagram con imágenes de las protestas callejeras, creando una narrativa falsa de crisis política y social que es aprovechada por el sensacionalismo de agencias de prensa.

Pero más allá de la farsa hay una escena política que reclama la atención de la ciudadanía, porque presenta la solución de continuidad constitucional a la vacancia, implicando la desastrosa derrota del establishment caviar que ha perdido sus posiciones en el Ejecutivo, luego de ser derrotado en el Congreso, con la vacancia. El jueves 12 de noviembre, el gobierno de transición reiteró la fecha de las elecciones generales del 11 de abril 2021, mediante un decreto supremo emitido en la primera sesión del nuevo consejo de ministros presidido por el PCM Antero Flores-Aráoz. Apenas horas antes los integrantes del nuevo gabinete ministerial habían jurado sus cargos y quedaba claro que no componían un equipo de representantes de las fuerzas políticas que aprobaron la vacancia presidencial de Martín Vizcarra en el Congreso; no ha habido, pues, la anunciada “repartija” y los agoreros que la pronosticaron deberían disculparse por su desacierto.

Las primeras medidas comunicadas por los nuevos ministros son extremadamente razonables. Como la del nuevo titular del MINSA, de sustituir las cuestionadas “pruebas rápidas” del Covid19 por las apropiadas “pruebas moleculares”; lo que durante la administración Vizcarra no se hizo y esa omisión ha generado una investigación fiscal por sospechas de corrupción. O la de la nueva titular del MINJUS, de activar los mecanismos del ministerio para garantizar el derecho ciudadano a la protesta, y también para cambiar de estrategia en el tema de la demanda competencial del Ejecutivo al Tribunal Constitucional para su definición de la “incapacidad moral permanente”, porque es evidente que el nuevo Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados ante esta cuestión, que está sirviendo a fines disociadores en la perspectiva alucinada de que el TC pudiese decidir una “anulación” de la vacancia de Vizcarra, o algo parecido. Precisamente el vocal Eloy Espinosa-Saldaña ha declarado que la sentencia del TC respecto de la demanda competencial interpuesta por el defenestrado presidente no puede tener efecto retroactivo.

Frente a estas muestras de realismo son lamentables los desbordes presuntamente académicos en pronunciamientos contra el “gobierno inconstitucional e ilegítimo” que ha surgido de la vacancia, llamando a la desobediencia civil, como reza la expresión de docentes de derecho constitucional --nada menos-- de una muy sobrevalorada universidad de Lima.

Es que hay gentes que prefieren vivir en la irrealidad. Pero en el mundo real en el que la amplia mayoría de ciudadanos del país nos desenvolvemos, hay mucho trabajo por hacer para superar la crisis sanitaria, económica y social en que nos ha dejado la incompetente y corrompida administración de Vizcarra; y no hay voluntad ni tiempo para acciones perturbadoras del orden en favor de extremistas y disociadores.