FASCISMO PRE ELECTORAL

El fiscal José Domingo Pérez --injustificadamente endiosado por buena parte de la prensa nacional-- ha pedido al Poder judicial suspender al partido político Fuerza Popular por dos años y medio. Justo cuando el presidente Vizcarra acaba de convocar a elecciones generales para abril del 2021.

La intención y la oportunidad con que se manifiesta son clarísimas: excluir al fujimorismo de la campaña y la contienda electoral. Sería un gratísimo servicio de este servidor del Ministerio Público al Gobierno, frente a cuyos personajes se ha mostrado tan tolerante.

Analizando el tema, no me parece que sea verdad --como sostienen algunos, entre ellos Aldo Mariátegui-- que los partidos políticos no son ni pueden ser organizaciones criminales.

El caso del Partido Nacionalista, de Ollanta Humala, es ejemplar porque la fiscalía ha DEMOSTRADO que se trató de una organización en la que el "comité político" sólo era deliberante pero las decisiones económicas de campaña eran decididas por el “comité ejecutivo”, estrictamente controlado por la familia Humala-Heredia. También ha PROBADO que los integrantes de ese comité ejecutivo recibieron y utilizaron a su antojo y en beneficio propio los recursos que recibieron por campaña, configurando varios ilícitos penales, entre ellos presumiblemente el de lavado de activos. Sin embargo, Pérez no ha pedido que se le suspenda al Partido Nacionalista, que se apresta a respaldar en las próximas elecciones a quien sea el candidato del actual oficialismo, para cubrir las espaldas de Vizcarra y su equipo, frente a inevitables acusaciones de corrupción.

Pero en el caso del partido Fuerza Popular no se presentado evidencias concluyentes de que los aportes empresariales recibidos para campaña electoral sean materia ilícita. La imputación fiscal al respecto es feble y seguramente quedará sin sustento en sede judicial.

Otra cosa es que se pueda probar que Keiko Fujimori y directivos de su partido hayan cometido, a través de la organización, delitos a partir de hechos diferentes. Pero eso no ocurre hasta ahora.

El Poder Judicial todavía no se ha pronunciado sobre la ilicitud de aportes económicos empresariales a partidos políticos. Pudiera ser que, por último, los considere delitos electorales, no lavado de activos, como lo ha decidido la Corte Suprema de Brasil. En nuestro país hay decenas de personas jurídicas –no solo partidos, principalmente empresas— imputadas de lavado de activos e investigadas por Pérez y otros en el Ministerio Público. Pero sobre ninguna el fiscal de marras ha pedido suspensión de actividades, a pesar de que el marco legal vigente lo habilita. ¿Por qué se pide la suspensión de actividades de Fuerza Popular, en medio de un proceso electoral? Esa es la cuestión.

Así que el pedido de Pérez, además de ser un brulote jurídico, políticamente es un acto que sólo cabe calificar como fascista.