LO BUENO, LO MALO Y LO HORRIBLE DE LA CALAMIDAD, DIGO, DE LA CUARENTENA

Mañana, 23 de junio, se cumplen cien días del estado de emergencia establecido por el Gobierno, en cuyo marco se impuso la inamovilidad social obligatoria y el toque de queda. El momento es propicio para un examen de logros, fiascos y horrores ocurridos en la actuación del Gobierno o debido a la cuarentena. Añada el lector los aspectos que considere que agravan lo malo y lo horrible de la actuación gubernamental, porque va a ser muy difícil encontrar algún asunto que sume a lo bueno.

Lo Bueno

El Gobierno del presidente Martín Vizcarra fue uno de los primeros en Latinoamérica en disponer la emergencia sanitaria, el 11 de marzo, junto con Ecuador y después de Brasil, Chile y Honduras. Además, fue uno de los primeros en establecer el estado de emergencia, el 15 de marzo, antecedido por Guatemala, Venezuela, Panamá y el Salvador. Junto a este logro hay que considerar que el gobierno peruano dispuso un despliegue de las FFAA para acompañar a la PNP en las tareas de mantenimiento del orden público y control de población derivados de las restricciones del estado de emergencia. También las FFAA fueron encargadas de actividades de asistencia a población vulnerable por la pandemia del Covid19. Los medios de transporte de las FFAA, especialmente de la FAP, han sido indispensables para atender la emergencia sanitaria.

El Gobierno inicialmente apostó a contener y aún aplastar (a “martillazos”) la propagación del Covid19, pero tal vez por eso demoró en aprestarse para la siguiente –e inevitable— fase, de atención clínica a infectados cuando el contagio se hizo comunitario. Sin embargo, consiguió aumentar significativamente la infraestructura y equipamiento de atención hospitalaria para los infectados moderados y graves. En cuanto a lo primero consiguió el aumento desde aproximadamente 2.300 camas hospitalarias, en marzo, que podían ser utilizadas por infectados, a nivel nacional, a más de 10.000 camas hospitalarias en la primera semana de junio. La infraestructura física de atención clínica aumento en 530% en el mismo período, incluyendo la reorganización, renovación y ampliación de centros hospitalarios, muchos de los cuales pasaron a ser “hospitales Covid”. También el Gobierno consiguió aumentar, de marzo a junio, de 235 a más de 1.050 las camas UCI en los hospitales. Finalmente logró aplicar más de 300.000 pruebas moleculares y más de un millón de pruebas serológicas a sectores de población. Las segundas, muy criticadas, permitieron sin embargo rastrear el avance de la infección por presencia de anticuerpos.

Tiene una parte de verdad el alegato de que el Gobierno, con sus “martillazos” y la cuarentena logró “comprar tiempo” mientras mejoraba la infraestructura y el equipamiento anti Covid19.

El Gobierno tuvo una atención especial –aunque tardía-- a regiones y zonas del territorio donde la pandemia adquiría rasgos de desastre, movilizando recursos humanos y logísticos que en buena cuenta han logrado aplacar y aun revertir la propagación del contagio y el número acumulado de casos graves. Este logro sin embargo muestra una distribución territorial muy desigual y en parte ha sido desdibujado por la propagación del virus entre regiones debido al fenómeno de los “caminantes” o “retornantes”, que modificaron el mapa inicial de la pandemia en el territorio nacional.

Aunque en forma tardía el Gobierno logró la centralización de las entidades de salud en un solo sistema y la creación y desarrollo de protocolos de atención a infectados moderados y graves, que realmente han incidido positivamente en el nivel de letalidad de la pandemia. Asimismo hay que tener en cuenta la –también tardía— organización de los “Equipos de Respuesta Rápida” (ERR) para atender emergencias y situaciones en zonas de alta prevalencia infecciosa, y la creación de programas como “Te cuido Perú”, que busca romper la cadena del contagio del Covid19.

Finalmente hay que mencionar los subsidios (“bonos”) otorgados por el Gobierno a sectores de pobreza y pobreza extrema urbana, a sectores de trabajadores urbanos informales y a sectores de productores rurales, impedidos o seriamente obstaculizados de trabajar.

Lo Malo

Pero lo bueno no está disociado de lo malo. En verdad hay decisiones y acciones del Gobierno que son buenas en sí mismas pero que han sido mal implementadas, mal ejecutadas o que ha producido resultados nefastos.

Es notorio –por las señales de improvisación, contradicciones, retrocesos y erratismo— que el Gobierno ha carecido durante el centenar de días, de un planeamiento estratégico integrado y trasversal que conjugue los recursos del Estado con eficiencia y oportunidad. Encargar esa tarea al CCFFAA –como fue demandado por algunos cabilderos militares-- hubiera sido un fiasco pero es de lamentar la ausencia de sinergias y hasta de coordinación más elemental entre sectores de la administración pública. Esto tiene que ver con el proceso de aprendizaje emprendido por el Gobierno ante la inédita amenaza del virus. Se ha tratado de un aprendizaje segmentado, desarticulado, a veces errático (por falta de planeamiento), torpe y sobre todo lento, bastante lento. Las más claras señales de esta situación son el hecho de que el Gobierno se tomara 50 días en darse cuenta de que los mercados de abastos urbanos eran focos de contagio; y el hecho de que la grave incapacidad de gestión en sectores de la administración pública impidiera el funcionamiento eficiente y oportuno de una cadena logística para responder a los requerimientos del sistema de salud.

La impericia del Gobierno causó fiascos tan torpes como risibles, como el de la cuarentena por sexo según días de la semana. Pero otros, graves, como la caótica bancarización de la entrega de los “bonos”, que generó tremendos focos de contagio en las calles. Pero lo peor, la desautorización de la intervención enérgica de las FFAA y PNP en el control de población, debido a algún incidente aislado de uso excesivo de la fuerza. El resultado de esto último fue el retraimiento de la voluntad del efectivo militar y policial, que se percibió des-empoderado por autoridades políticas y medios de comunicación, ante la inacción de sus comandos.

Lo terriblemente malo del desperdicio de la intervención de las FFAA radica en que no hubo coincidencia temporal entre la entrega de subsidios a la población necesitada y la intervención enérgica de los militares como integrantes de las fuerzas del orden, en el control de población y en el mantenimiento de las restricciones de movilidad impuestas por el estado de emergencia. Si la entrega de subsidios hubiera coincidido con un estricto control de la inamovilidad social, en el tiempo óptimo que iba de la primera semana de abril a la primera semana de mayo, se hubiera logrado, a la vez, maximizar la asistencia económica y alimentaria a la población necesitada, y mantener la disciplina social prevista por la cuarentena, con resultados muy positivos para reducir significativamente la propagación del Covid19.

El mantenimiento de un esquema de cuarentena rígida, en vez de desarrollar un diseño de cuarentena inteligente, dinámica, flexible y focalizada, durante más de 70 días en marzo, abril y mayo, que objetivamente es un fracaso, más todavía cuando terminada la oferta de subsidios, la población sin poder ganarse el sustento, por el encierro, rompió ostensiblemente la inamovilidad social obligatoria. La “apertura” parcial y trivial de actividades económicas dispuesta en mayo, y luego en junio, no solamente ha evidenciado el fracaso de la cuarentena y de los “martillazos” gubernamentales contra la pandemia, sino que ha alentado comportamientos de masas que lindan con la perturbación del orden público, como es el problema de los “ambulantes” y sus clientes movilizándose por calles del cercado y La Victoria durante dos semanas, antes de que el Gobierno y autoridades municipales acierten a resolver la situación con medidas de estricto sentido común y factibilidad sencilla y total.

El fiasco del “Comando Covid”, cuyo liderazgo el presidente Vizcarra encargó a la exministra Pilar Mazzetti, que nunca obtuvo las características de su denominación y solamente ha servido como una entidad de coordinación entre el Gobierno e instancias subnacionales como los gobiernos regionales. Este fracaso ha contribuido a un inmanejable desorden en las adquisiciones estatales, a cargo de una multitud de entidades con atribuciones de unidades ejecutoras de presupuesto en el gobierno central y en los gobiernos subnacionales. Un verdadero bolondrón.

La manifiesta incapacidad de gestión del Gobierno en varios sectores, especialmente en el sector Salud, agravada por la descentralización regional del mismo, que ha puesto de relieve la muy escasa calidad de la burocracia regional. En realidad, el MINSA y su titular con justicia concitan furias, penas y vergüenzas ante situaciones como la frustrada compra de mascarillas en China.. La falta de control de la cantidad y asignación de respiradores mecánicos en unidades UCI –varias veces parchada--. El maltrato contractual, laboral y remunerativo a profesionales y técnicos de atención de la salud (responsabilidad compartida con EsSalud) que formaban en la “primera fila” de la lucha contra la pandemia, a pesar de los ingentes recursos fiscales disponibles por el Gobierno. La imprevisión culposa (y hasta dolosa) en la adquisición y distribución de oxígeno y de fármacos necesarios para la atención de infectados; imprevisión que alcanza a la inexplicable demora en activar a postas médicas y centros de atención comunitaria, y dotarlas, para atender casos leves a moderados de Covid19. La ausencia de una estrategia informativa que propició la sobrecarga de la red hospitalaria por colapso del sistema de referencias, entre otras falencias. El reclamo ministerial y de la alta burocracia sectorial, de que hay un antecedente de abandono de la salud pública, adjudicado a gobiernos precedentes, no es óbice para criticar la incapacidad de gestión de la actual administración sectorial y, desde luego, no excusa la actitud arrogante del ministro Víctor Zamora ni la ineptitud de su corte de asesores, consultores y equipos “de prospectiva” cabalmente inútiles.

La desordenada actuación del sector de Desarrollo Social en la identificación de beneficiarios de los subsidios ofrecidos por el Gobierno, haciendo que el MIDIS quede como ejemplo de incapacidad de previsión y de falta de imaginación, sobre todo cuando recurrió a los bancos para la entrega de los “bonos” en un país con escaso nivel de bancarización como el Perú, ocasionando la proliferación de focos de contagio en las calles. Lo del MIDIS es sin embargo comparable con lo acontecido en el sector de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMPV), cuya ministra ha brillado por su ausencia ante la emergencia y su gestión, sobre todo ante la propagación del contagio en comunidades nativas, es clamorosamente deficiente.

El desorden, la corruptela y la decepción causada por la entrega de "canastas" de alimentos a sectores de población, encargada por el Gobierno a las autoridades municipales, ha sido tan desastrosa que excede la categoría de Lo Malo y adquiere todos los atributos de una decisión estúpida y pésimamente ejecutada.

La actuación complaciente del sector Trabajo ante la presión empresarial para deshacerse de trabajadores con pretextos varios, como el de la “suspensión perfecta” de labores, a la par de la actuación cerrada e hiper-burocrática del sector Producción, que adornó la caída de la producción como una circunstancia natural e inevitable producto de la pandemia.

No puede faltar en el listado de lo malo la actuación del sector Interior, cuyos dos ministros no sólo han respaldado la sustracción de autoridad del personal policial por el temor de enfrentar denuncias por uso excesivo de la fuerza, sino que también han actuado con tremenda lenidad para proteger a los policías en servicio de los riesgos de contagio, lo que ha cobrado un saldo de víctimas tan lamentable como innecesario. En paralelo, no puede exagerarse la abrumadora corrupción que corroe al MININTER y a la PNP.

Lo Horrible

Lo primordial y principalmente horrible de la actuación del Gobierno ante la pandemia del Covid19 es la honda, extendida e impune corrupción que se cierne como un manto cubriendo cualquier acción gubernamental. Desde los sobreprecios en compras de materiales y equipos de bioseguridad –que han afectado inclusive a la propia Contraloría General de la República--, y las adquisiciones amañadas con el expediente de “urgencia”, para favorecer a proveedores relacionados a burócratas oportunistas y venales, hasta los latrocinios cometidos dentro de las entidades dotadas de equipos y materiales, por los propios trabajadores de ellas en complicidad con otros delincuentes.

La reciente denuncia sobre la posible existencia de un “club de las pruebas rápidas” (simil del criminal “club de la construcción”) es consistente con denuncias previas acerca de una corrupción institucionalizada en el Estado y que alcanzaría los niveles más altos del Gobierno, a juzgar por la “pizarrita” de la titular de Economía y Finanzas, mostrada en el programa periodístico Cuarto Poder, en el tema de la compra de pruebas serológicas. Hay evidencia de la gruesa corrupción que se habría concretado en el MEF el 18 de marzo, en colusión con algunos proveedores y a pesar de que la adquisición de esas pruebas contradecía el Plan Nacional aprobado el 31 de enero, toda la normativa técnica y legal que se había dado hasta ese momento y hasta las recomendaciones de los organismos internacionales.

La corrupción durante los cien días del estado de emergencia es materia periodística de cada jornada y llega a dar la impresión de configurar un estado de normalidad, frente a lo cual el Gobierno luce una actitud lindante con la complacencia a pesar de que una de las banderas políticas del presidente Martín Vizcarra es –y ha venido siendo— precisamente la intolerancia a la corrupción y la supuesta vocación de lucha frontal contra ese delito multiforme.

La actuación del Gobierno deliberadamente favorable a las empresas propietarias de clínicas privadas, inclusive desterrando de un decreto supremo (el que extendió la cuarentena el 25 de mayo) el artículo –existente en los DS precedentes— que ponía las clínicas y otros establecimientos de salud bajo control del MINSA es, además de horrible, dolosa. Sobre todo cuando ha sido el Estado a través del MINSA, del EsSalud y del SIS, el que se ha negado a imponer a las clínicas un tarifario de contraprestación de servicios para así controlar el desmesurado apetito de lucro en una situación de emergencia.

La “repartija” de los créditos otorgados por el Gobierno para la reactivación económica también es asunto horrible –monstruoso— de este balance, puesto que del total de los recursos fiscales entregados vía bancos comerciales a los actores económicos, el 71%, 17 mil millones de soles, ha sido entregado a grandes empresas; mientras que sólo el 20%, 5 mil millones, ha sido entregado a pequeñas empresas, 4%, mil millones, a medianas empresas, y únicamente 3%, 773 millones entregados a micro-empresas, cuando el supuesto de esta política financiera era alentar principalmente la reactivación de las pequeñas y micro-empresas que son generadoras de casi el 70% del empleo en el país.

Que el PCM Vicente Zeballos mencione que se va a “pedir explicaciones” a COFIDE y al sistema bancario sobre el destino indebido de los recursos públicos que debían ser entregados a la reactivación de empresas productivas y no al salvataje financiero de grandes empresas, a mantener el favor periodístico hacia el Gobierno y hasta a beneficiar a estudios de abogados, es un exceso de horripilancia en la actuación gubernamental.

También es bastante feo que el presidente Vizcarra quiera fungir de comunicador –don que no lo adorna— cuando se dirige a la población vía TV con una asertividad acartonada y a veces con un marcado entusiasmo, que resaltó a fines de abril y en mayo, acerca de que “parece” que el Covid19 ha llegado al “pico” epidemiológico, o a la “meseta” de la infección. Ello, no obstante que las cifras de infectados y muertos en el Perú por el Covid19 seguían –y siguen-- en aumento según los números diarios del MINSA. En este asunto el presidente y su Gobierno han mostrado tener un grave problema de comunicación con la población, que no es superado con las “traducciones” de las expresiones de Vizcarra, como en el caso de la Dra. Mazzetti, que ha debido asumir capacidades de comunicación que nunca mostraron el ministro de Salud, Víctor Zamora, ni el PCM Vicente Zeballos, dos de los ministros más mediáticos y que también concitan el mayor rechazo social para el equipo de Gobierno.

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Probablemente este balance –necesariamente incompleto-- tiene repercusión en la encuesta de opinión publicada por IPSOS el 16 de junio, que muestra algunos resultados muy significativos. Por ejemplo, la pérdida de diez puntos en la aprobación de la gestión del presidente Vizcarra, de mayo a junio. La aprobación de la gestión presidencial decrece 10 puntos, de 80% a 70% y la desaprobación aumenta 10 puntos. También la aprobación del Gobierno desciende 13 puntos, de 65% a 52%, mientras que la desaprobación crece en 12 puntos. El aumento de la desaprobación al Gobierno afecta inclusive a la “ministra estrella” del gabinete, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuya aprobación decrece 13 puntos de mayo a junio. Pero lo que es más significativo en la opinión pública respecto del equipo de Gobierno es que el impopular titular del Ministerio de Salud (MINSA) aumenta la desaprobación de su gestión en 15 puntos de mayo a junio.

Como colofón la encuesta de IPSOS ofrece una imagen en la que los encuestados califican el desempeño del Gobierno en el campo de la salud, con relación al Covid19. Resalta que una mayoría relativa de encuestados (42%) califique el desempeño del Gobierno señalando “Hace lo que puede, dentro de las limitaciones que el país enfrenta desde hace muchos años”, opinión que lo libera de responsabilidades por yerros, mientras que solamente un tercio (32%) de los encuestados califica el desempeño del Gobierno señalando: “Hace lo que puede, aunque ha cometido errores importantes”.

Es significativo que menos de un quinto (19%) de encuestados califique negativamente el desempeño del Gobierno. Lo que sustenta la hipótesis de que, al final de cuentas y cuando el estado crítico de la pandemia haya sido superado, va a suceder que una mayoría social –la misma de la aprobación de la voluntad presidencial en el referéndum de diciembre del 2018; esa que aprobó abrumadoramente el golpe de Estado de septiembre pasado-- agradecerá al Gobierno por una gestión que ha producido ese resultado.