MI ENFOQUE POLÍTICO DE LA EVOLUCIÓN DEL COVID19 EN EL PERÚ

Hace semanas escribí que entonces era momento de destacar los logros del Gobierno en el combate de la pandemia –logros, digo: no éxitos, que ninguno tiene; por favor capten la diferencia--. En ese mismo post afirmé que ya vendría el momento de resaltar y criticar los yerros del Gobierno en la lucha contra la pandemia. Ahora es cuando se puede empezar.

Si bien el Gobierno fue en Latinoamérica el primero en decretar el estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia para la inamovilidad social; decisiones muy oportunas, en pocos días el Gobierno mostró profundas debilidades –sigue mostrando—como la de centrar su estrategia solamente en la contención de la propagación del contagio, subestimando clamorosamente la atención a los infectados una vez que la pandemia se propague; lo que inevitablemente iba a suceder.

Por entonces se alegó que la contención del contagio, con los “martillazos”, era para “ganar tiempo” buscando que la infraestructura y el equipamiento del sistema de salud alcanzaran niveles mínimamente aceptables para el momento en que tuviera que enfrentar el contagio diseminado. Una alegación trivial y distractiva que se manifestó en el estado crítico de centros hospitalarios, sobrepasados por la demanda de pacientes..

Es así que la contención de la propagación de contagio mediante dos o tres “martillazos” fracasó rotundamente en menos de un mes –esto es, a mediados de abril--. El número nuevo de infectados y el número acumulado de infectados aumentó exponencialmente, hasta mayo inclusive.

Por entonces sostuve que el principal factor del fracaso de la estrategia contención era la indisciplina social, el comportamiento egoísta, carente de solidaridad e irresponsable de aquellas personas y grupos que simplemente desacataban las restricciones del estado de emergencia. Me reafirmo en esa apreciación: la indisciplina era desvergonzada, una conducta disocial, marcadamente anómica.

El decreto supremo que estableció el estado de emergencia el 15 de marzo refirió y cito a las leyes de uso y empleo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, habilitando la represión de la indisciplina flagrante. Pero entonces, debido a un desafortunado caso de publicidad negativa respecto de la intervención de un oficial militar a un infractor, se alzó una corriente mediática y política que no sólo fustigó al oficial, lo satanizó y con ello evitó que las fuerzas del orden fueran empoderadas para cautelar el cumplimiento de las restricciones; además desmoralizó a los efectivos policiales y militares que diariamente debían enfrentar la resistencia violenta de infractores al estado de emergencia, al extremo que hacia mediados de abril la actividad policial y militar de control de población se había relajado abiertamente.

Por entonces, el Gobierno decidió subsidiar la economía familiar del sector de población en condición de pobreza y de pobreza extrema, así como decidió entregar un bono a los trabajadores informales no considerados en las categorías anteriores. Asimismo decidió entregar un bono rural. También dispuso que los ex afiliados a las AFP pudieran retirar parte de los fondos que vegetan allí. Luego habilitó la entrega de una parte del fondo de capitalización individual a los afiliados activos que lo soliciten. En fin, que el Gobierno dispuso una amplia gama de subsidios (aparte de la entrega de las “canastas” infelizmente encargadas a los municipios) que, en términos generales, alcanzaron o deberían alcanzar mínimamente a unos 6 millones de hogares, o sea, a una población de más de 24 millones de habitantes.

El hecho de que la implantación y la primera ampliación del estado de emergencia coincidieran en el tiempo con la decisión de la entrega de los subsidios configuró una oportunidad invaluable para contener (y aun aplastar) la propagación del Covid19 si se hubieran articulado las acciones de control muy enérgico de la inamovilidad social a cargo de la PNP y FFAA, con las acciones de apoyo a la subsistencia de la población en estado de necesidad. Pero no solamente aconteció que la intervención de la PNP y las FFAA fue prácticamente desautorizada desde el propio Gobierno, a través del MININTER y el MINDEF, en tanto que la entrega de bonos y otros subsidios a cargo del MIDIS –muy mal planeada e implementada, y peor comunicada-- desató una catastrófica aglomeración de personas haciendo colas ante bancos. Esta situación sin duda alguna, convirtió tales espacios en focos de contagio que aumentaron gravemente la incidencia infecciosa, que trasladó su mayor potencial de contagios hacia las zonas populares y periurbanas de Lima y otras ciudades del país.

Nadie en el MIDIS –ni en el resto del Estado— adoptó previsiones ante las aglomeraciones propiciadas por su decisión respecto de la bancarización de la entrega de bonos. Tampoco previó las aglomeraciones en mercados y centros de abastos, otros focos de contagio propiciados por decisiones restrictivas del Gobierno. De hecho, el Ejecutivo se tomó más de 50 días en atender la crítica situaciones en los mercados. Parece que nadie en el MININTER y en el MINDEF anticipó tampoco que sustraer empoderamiento de los policías y militares en operaciones de control, iba a decantar en desmoralización y lenidad.

Pero ya hacia la quincena de abril habían surgido las voces de quienes postulaban una “cuarentena inteligente” en vez de la medida rígida que imperaba. La cuarentena inteligente fue llenándose de contenidos y pronto adquirió los atributos de “dinámica”, “focalizada”, “flexible”, llegando a aterrizar en varios planteamientos absolutamente viables enfocados en discriminar zonas urbanas con menor y mayor prevalencia de la infección, para efectuar intervenciones de amplia cobertura y con eficiencia asistencial en aquellas zonas subdistritales con alta prevalencia.

Con plena seguridad puedo afirmar que si en abril se hubiera producido la convergencia entre la entrega de subsidios y la represión enérgica de la indisciplina social, la pandemia no habría aumentado a los niveles con que hoy nos aflige. Más todavía, si el Gobierno hubiera rechazado con energía la multitudinaria y caótica migración interna de los “caminantes”, el traslado interregional de la infección hubiera sido bastante menos nocivo. Pero nada de esto se hizo, en mi opinión por falta de coraje e incapacidad de gestión.

Entre tanto, los medios de comunicación afectos al Gobierno no pudieron encubrir los gravísimos hechos de corrupción sucedidos en el marco de la emergencia nacional. El caso del MINSA es proverbial, no sólo perdió compras en el extranjero; recibió adquisiciones sobrevaluadas; fue estafado por proveedores;, decidió no incluir a las clínicas privadas en el sistema nacional de salud, no avanzó en coordinaciones con el sector privado, para aprovechar sus recursos; se negó a cualquier medida que signifique neutralizar a especuladores con medicinas y otros implementos y, en fin, actuó a través de las direcciones regionales de salud con una complacencia lindante con la protección de la corrupción imperante.

En general, la corrupción tomó por asalto al Estado –ante la actitud inane de la Contraloría-- y donde se fijjara la mirada de la opinión pública, allí “saltaba la pus”, como en el MININTER y la PNP. En todo el sistema si nos atenemos a los casos de corrupción que han sido y siguen siendo revelados, que alcanzan a los más altos dignatarios del Gobierno.

En varios escritos he señalado que la actuación del Gobierno ante el Covid19 ha enfrentado una situación inédita y con características de desastre. Pero eso no justifica que al llegar la pandemia al país, éste contase con un aparato –desarticulado y policefálico— de atención de la salud, que si bien es en parte responsabilidad de los gobiernos precedentes, no exime al del presidente Vizcarra de graves culpas por mentir acerca del desarrollo de la infraestructura hospitalaria (dijo que construiría 80 hospitales), por mostrar una persistente actitud de improvisación y recurso al populismo, por no atender con un mínimo de inteligencia la evolución de la pandemia (llegó a decir que “ya estamos llegando” a la meseta) con evidente ignorancia de data y de análisis; y por no mostrar capacidad alguna para aportar decisiones que conlleven a pasar de “la primera a la segunda fase” de la pandemia (lo de las fases también es de Vizcarra).

Las muestras más clamorosas de la incapacidad gubernamental para afrontar la pandemia probablemente sean –hasta ahora— el “bolondrón” confuso de las pruebas aplicadas para detectar Covid19, por falta de comunicación acerca de las diferencias entre pruebas moleculares y pruebas serológicas, y sus distintas aplicaciones. La improvisación incompleta de camas UCI en hospitales y el estrés de oxígeno medicinal para la atención de pacientes.

Esto, aparte de la inexistente capacidad de comunicación política que aquea al Ejecutivo, incapaz de explicar con claridad y sencillez a la población cómo evoluciona la infección en el Perú hacia un horizonte “moderado” cuando cualquier día se publican cifras de infectados y muertos que causan temor y alarma en la población.

EN SÍNTESIS (1): Hoy en día es patente que han colapsado las restricciones a la libertad de movimientos, dispuestas en la quinta (¿última?) extensión del estado de emergencia. La gente se moviliza masivamente por las calles, a pie y en vehículos ante la indiferencia de las fuerzas del orden. Pero si en abril esta movilidad descontrolada era la expresión directa de una indisciplina social, ahora, en junio, esa conducta se ha imbricado con el hecho incontrovertible que –gastados los bonos y subsidios— millones de peruanos carecen de ingresos, de medios de subsistencia, y las restricciones del estado de emergencia agravan esa situación. Las restricciones de actividades productivas dispuestas en el estado de emergencia, aun cuando han sido aliviadas, han sido y son rebasadas masivamente por los afectados, que prefieren arriesgarse al contagio que perder la oportunidad de poner un pan en la mesa familiar.

EN SÍNTESIS (2): la pandemia del Covid19 llegó al Perú para quedarse por un tiempo indefinido, pero a pesar de los dichos contradictorios en el Gobierno, los estudios realmente serios disponibles muestran que, como toda pandemia, ésta tiene también un “ciclo natural” en el que la infestación viral aumenta y se extiende para luego decrecer en fuerza, progresivamente. En marzo pasado, un estudio mío proyectó que se podría materializar un escenario “conservador” (menos que “optimista” pero mejor que “pesimista”) para los meses de julio y agosto, que mostrarían la declinación de la infección.

EN SÍNTESIS (3) Es que el estado de meseta tantas veces mencionado y cuestionado no puede ser considerado una situación en que es “plana” la curva infecciosa, sino que debe ser entendida como una situación en la que la propagación de la infección se ralentiza, la duplicación del número acumulado de infectados se hace más espaciada en el tiempo (en días), el aumento del número de infectados nuevos decrece. Entonces, cualquier gráfico que represente tal situación mostrará una tendencia decreciente de la infección pero con “picos” de alza y aún con “rebotes” de prevalencia; picos y rebotes que deberían ser cada vez menos marcados y preocupantes.

EN SÍNTESIS (4) Creo con firmeza que la pandemia va a dejar en pocos meses de ser una amenaza activa y crítica para la salud pública y la seguridad humana en el Perú. Pero eso no será por acción y obra del Gobierno –sin menoscabar sus logros— sino a pesar de los yerros, omisiones, desaciertos, traspiés y tropezones de este Gobierno, que si bien asume el legado de abandono de sus antecesores, no ha tenido en algún momento la visión y el liderazgo para superar las limitaciones y carencias encontradas. Es que el Gobierno ha mostrado ser lerdo y demorón para aprender, como lo muestran las tardías aplicaciones de los programas “Taita”, “Te cuido Perú” y otros que recién se están aplicando. Pero mejor tarde que nunca.