¡NO AL ACUERDO DE ESCAZÚ!

El denominado Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico de ´ámbito regional, oficialmente designado “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe”. Dicho instrumento fue adoptado el 4 de marzo de 2018, en Escazú (Costa Rica), con la participación de 24 países, y tiene origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.

El Acuerdo se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y El Caribe el 27 de septiembre de 2018 en la Sede de la ONU en Nueva York. Deberá ser ratificado por 11 Estados para entrar en vigor. Al presente, el Acuerdo ha sido suscrito por 22 países y ha sido ratificado por 9 países, a partir de lo cual son considerados “países miembros”. De los países que comparten el espacio amazónico, solamente 3 han ratificado el Acuerdo: Bolivia, Ecuador y Guyana.

El Acuerdo fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), organización de la ONU que, como otras, desde hace más de 30 años ha sido colonizada, primero, y dominada, después, por una burocracia asociada a la red global de ONGs y estructuras del activismo ambientalista con base en la ideología post-marxista del denominado establishment caviar.

Según la secretaría ejecutiva de la CEPAL el instrumento “trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres. También se incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones”. En definitiva y por propia declaración, el Acuerdo es uno de los productos de la ideología post-marxista en boga, en el ambiente de la ONU.

Abierta y activamente defendido por las izquierdas en Latinoamérica, el Acuerdo “trata de globalizar ‘los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales’”, es decir, nace supuestamente para defender “los derechos fundamentales que cada persona tiene a acceder a la información ambiental, a participar en las tomas de decisiones ambientales y a acceder a la administración de justicia frente a la defensa de los derechos humanos ambientales”. El acuerdo trata de buscar estándares que cada estado nacional de la región debe adoptar para garantizar el ejercicio de esos derechos, cuya aplicación a través de instancias supranacionales significarán una renuncia a la soberanía nacional sobre el territorio involucrado.

Además, para la CEPAL, el Acuerdo postula que los estados deberán implementar medidas orientadas o poner en práctica “enfoques de interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales”.

En lo que respecta al Perú es muy significativo que la suscripción del Acuerdo haya sido realizada por la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, sin que se conozca entonces el parecer del MINRREE, instancia obligada acerca de la suscripción de instrumentos de derecho internacional.

Uno de los aspectos más relevantes –y preocupantes— del Acuerdo es que abre un espacio para que ONGs ambientalistas movilicen a poblaciones para obstaculizar o impedir proyectos petroleros, gasíferos, como han hecho en el caso de la minería en Las Bambas, Tía María, etc. Peor todavía, el artículo segundo del Acuerdo especifica que “la participación pública” no es necesariamente de una comunidad que esté siendo afectada por una mina, un pozo petrolero o una estación gasífera, sino que puede ser de “un tercero”, o sea, una ONG. Es más, la resolución final de esos conflictos ya no se daría en el Perú sino en una instancia supranacional que sería la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Por el Acuerdo, la Amazonia íntegra –53% del territorio nacional, un área de 782.880,55 km2-- caería bajo el régimen especial fijado en dicho instrumento, lo que es directamente contrario al interés nacional del Perú porque el derecho nacional puede ser puesto de lado y la justicia supranacional, movilizada por las ONGs, sea la que termine decidiendo sobre la suerte de conflictos ambientales en ese espacio.

En esencia, el Acuerdo de Escazú se contrapone al concepto de soberanía nacional adoptado universalmente desde los tratados de paz de Osnabrück y Munster, firmados el 24 de octubre de 1648 (Paz de Westfalia), pero que desde hace 3 decenios es cuestionado por la red mundial de ONGs y del activismo ambientalista e indigenista. Dicho acuerdo ni siquiera admite reservas, consagradas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), de vigencia universal.

Hay que tener en cuenta que el Acuerdo de Escazú no solamente lesiona y potencialmente amenaza la soberanía nacional por acción de actores no estatales internos o transnacionales (ONGs, “movimientos” y “comunidades”). Además implica la posibilidad de que nuestra soberanía nacional sea afectada por algún actor estatal, que podría ser Ecuador -cuyo Gobierno ha ratificado el acuerdo el 21 de mayo del 2020-, a pesar de que por años se definió como “país amazónico”. En el caso que el Perú también ratificara el acuerdo, Ecuador podría acudir a la CIJ denunciando a nuestro país –obligado por dicho acuerdo ratificado— en el caso de surgir un problema sobre aprovechamiento de recursos en la zona de la frontera internacional común, y previsiblemente, actuando por interpósita persona, que podría ser una organización indígena.

En el Perú, el Acuerdo de Escazú es promovido por políticos de las izquierdas y del establishment caviar. Entre estos últimos, el congresista Alberto De Belaunde, del Partido Morado (PM), quien en una columna de opinión (diario Correo (5 julio 2020) sostiene que “En el Congreso de la República tenemos una oportunidad histórica e impostergable: ratificar el Acuerdo de Escazú. Este es un tratado ambiental pionero, que mejora el acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la protección de defensores ambientales. Es decir, contribuye a la convivencia social y al desarrollo del Estado de Derecho ambiental”, enfatizando que el Acuerdo no contraría la soberanía nacional, puesto que “incluye expresamente el principio de soberanía permanente de los Estados sobre los recursos naturales”. Pero el congresista obvia que los conflictos ambientales serían finalmente resueltos en la instancia supranacional de la CIJ.

El 29 de julio del 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió al Congreso la documentación relativa al Acuerdo de Escazú para su aprobación en el pleno “por ser conveniente a los intereses del país”. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) desde entonces conforma una red de intereses orientada a lograr la ratificación parlamentaria del Acuerdo. La SPDA promueve la ratificación mencionando que el documento del MINRREE al Congreso “recoge las opiniones de la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, Presidencia del Consejo de Ministros, así como de 10 ministerios: Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de la Producción y Ministerio de Relaciones Exteriores”, todas a favor de la ratificación.

Luego, en diciembre 2019, la ONG Proética –think tank del establishment caviar en el Perú-- “junto a otras instituciones de la sociedad civil y expertos independientes, conformaron una plataforma de impulso por la ratificación de este importante acuerdo (…) Esta plataforma interinstitucional está conformada por Proética, la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental SPEIA; la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR; Libélula; la Red Interquorum; la Red Anticorrupción Forestal (Regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios); la Red Nacional de Actores Políticos Jóvenes RENAPJ; César A. Ipenza Peralta; Jóvenes Promotores en Derechos Humanos JOPRODEH; Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático JPCC; Fridays for Future Perú; Centurión Producciones y CREAR Perú”.

En efecto, se comprueba entonces que hay en marcha, desde al año pasado, una campaña de las ONGs, de agrupaciones del activismo ambientalista y de sectores de las izquierdas políticas, para lograr su objetivo de que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú y así el Perú pase a ser miembro de dicho acuerdo, con lo cual la vigencia del mismo estaría a sólo una ratificación más de algún país latinoamericano y caribeño.

Pero cabe señalar que hay también en el Perú un movimiento de opinión opuesto a la ratificación del Acuerdo, para no repetir la penosa experiencia nacional cuando suscribió y ratificó el muy inconveniente “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, instrumento internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra, en 1989, aceptado por nuestro representante ante la OIT –cuando solamente 11 países lo habían suscrito— y que fue ratificado en septiembre del año 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del año 2009. Ese fue un error estratégico gravísimo contra los intereses nacionales, como también lo sería que nuestro Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú.

Entre los opositores destacan los Oficiales Generales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que han suscrito una comunicación al jefe del CCFFAA proponiendo que esta autoridad se dirija al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Congreso de la República, para prevenir los daños y amenazas emergentes de la eventual ratificación parlamentaria del Acuerdo de Escazú.

La mencionada comunicación menciona: “...los Oficiales Generales suscriptores del presente documento confían en que, a la brevedad posible, los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas puedan efectuar un análisis integral y exhaustivo sobre la materia en cuestión, permitiéndole a Ud. remitir una opinión colegiada, sobre el particular, al Ministro de Defensa; teniendo en consideración que el Acuerdo de Escazú involucra aspectos muy sensibles que afectarían nuestra Soberanía Nacional”.

No se tiene certeza acerca de si el Congreso ha considerado en su agenda legislativa incorporar el tema de la ratificación del Acuerdo. Pero la actividad de sus promotores indica que esta es una posibilidad factible en la próxima legislatura que se inicia el 26 de julio.