RELACION EJECUTIVO - LEGISLATIVO: ¿CONFLICTO O SAINETE?

La conflictiva relación trabada entre el Congreso y el Gobierno tiene fuerte impacto en instituciones del Estado, en la clase política, en los formadores de opinión y en el ámbito mediático. Veamos:

La cuestión del procesamiento legislativo de la “inmunidad” ha servido inobjetablemente para abrir un nuevo espacio de atención pública, sacando al presidente Vizcarra y a su Gobierno de la situación problemática en la que se encuentran ante la pandemia y los resultados –muy distantes de ser exitosos— de la gestión gubernamental en Economía, Salud, Seguridad y Trabajo durante el vigente estado de emergencia.

La reforma del Art. 93 de la Constitución, aprobada por el Congreso, en realidad establece una nueva forma de inmunidad parlamentaria, ya que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno “ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria, que realicen en el ejercicio de sus funciones”. Esta nueva condición prescribe un “blindaje” para los congresistas que cometan delitos de función.

En el sentido del párrafo anterior, la actuación parlamentaria en la reforma constitucional del Art. 93 crea un nuevo ambiente de impunidad para congresistas que puedan delinquir en el ejercicio de sus funciones. Esta situación genera una marcada desazón en la ciudadanía y alienta nuevas suspicacias acerca de los intereses que subyacen a la actuación parlamentaria.

La aprobación parlamentaria de modificaciones a cinco artículos de la constitución no resuelve el “problema de la inmunidad parlamentaria” que viene desde el período del Congreso anterior; menos todavía aporta a la reforma política promovida por el Gobierno. Además, es una decisión de futuro incierto y no lograría superar una votación en el Tribunal Constitucional (TC), más todavía si una de las reformas ha quitado a sus vocales las prerrogativas que tenían antes, al igual que los congresistas. En perspectiva, el TC se va a negar a pronunciarse sobre la reforma constitucional, declarando la inconstitucionalidad parcial o total de dicha reforma.

Frente a los desaciertos congresales, la actitud del presidente Vizcarra y de sus ministros interesados en el tema, ha sido efectista y provocadora, pareciendo a sectores de la opinión pública que es una reactivación de la campaña gubernamental para deslegitimar al Congreso, como aconteció el año 2019. La alternativa del referéndum, lanzada por el jefe de Estado, podría ser efectiva, si bien cuando ha sido lanzada –antes del pleno parlamentario del domingo 5-- fue un gesto populista liquidado por la votación parlamentaria, sobre todo si el TC hasta entonces no se pronunciaba respecto de las reformas constitucionales aprobadas.

Aunque recientemente parecía que no habría cuestionamientos a la inmunidad del titular del Ejecutivo, existía la posibilidad de que avance en el ámbito parlamentario “el dictamen en minoría, en la Comisión de Constitución, que plantea no sólo eliminar la inmunidad parlamentaria, sino que la eliminación alcance a la inmunidad del presidente de la República (…) presentado por el congresista Jim Mamani (UPP)”. Aunque hasta hace unos días esta posibilidad parecía especulativa, ahora se ha materializado con el impulso de congresistas de AP y PP, principalmente. Por ende, ya está en “tela de juicio” la posición del presidente Vizcarra en el cargo, considerando las investigaciones pendientes de cuando era gobernador regional de Moquegua y de cuando ha sido titular del MTC; y ahora, por las documentadas denuncias acerca de presuntos ilícitos penales cometidos por integrantes de su entorno personal.

El clima de confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo puede ocasionar perjuicios para la gobernabilidad del país, considerando los procesos de interpelación de ministros que se realizarán tan pronto se inicie la nueva legislatura, ya que es previsible la censura de algunos ministros, entre ellos el de Salud, la de Economía, el de Educación y el PCM, lo que sumaría a la revelación de la ineptitud de la actuación gubernamental ante la pandemia y, sobre todo, a la proliferación de la corrupción que marca esa gestión, como también la actuación de un entorno personal del presidente Vizcarra.

No obstante lo acontecido en estos días, no se puede descartar que el ambiente de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo sea atenuado por la vía del diálogo político entre ambos poderes del Estado. Pero la configuración del posible diálogo enfrentará el hecho de que el Gobierno carece de una fuerza política propia ante un Congreso que no se muestra dispuesto a subordinarse a la voluntad de otro poder, en una coyuntura en la cual el presidente de la República ya no tiene la potestad de disolver el Congreso.

A la luz de los acontecimientos que se suceden con velocidad vertiginosa en la escena política, el diálogo político entre Ejecutivo y Legislativo queda como el escenario factible para procesar el tema de la inmunidad, si culmina en que el Congreso no ratifica la aprobación de la reforma en segunda votación. Porque es previsible que el TC no se pronuncie al respecto, aduciendo un "conflicto de intereses" ya adelantado por su presidenta. Hasta el 7 de julio esta opción implicaba una seria disonancia con el calendario electoral del 2021, porque en la Comisión de Constitución del Congreso no hay consenso sobre mantener la fecha de las elecciones generales en abril del 2021 (primera vuelta) o cambiar esa fecha para el mes de mayo. Sin embargo, esta situación se ha diluido porque el día 8 el presidente Vizcarra ha firmado el decreto supremo convocando a las elecciones generales para el día 11 de abril del 2021. Así que, en perspectiva, con la más alta probabilidad, la cuestión de la reforma constitucional sobre la inmunidad sería definida en el referéndum impulsado por el jefe de Estado para la misma fecha del acto electoral.