VERTICALISMO Y FALTA DE RUMBO DEL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA

Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra que casi un tercio de los encuestados (31%) cree que el presidente Vizcarra y su equipo ministerial vienen manejando mal o muy mal la crisis causada por la pandemia. Para comparar, en junio, poco antes de acabar la cuarentena rígida nacional, solo un 17% de los peruanos pensaba así. Ahora, solo un 23% cree que el jefe del Estado está manejando la crisis bien o muy bien, cuando en junio cerca de un tercio de los encuestados tenía esa percepción. Resalta que más de una cuarta parte de encuestados opina que el Gobierno está actuando peor que en otros países, cuando esta percepción alcanzaba solamente al 5% en abril.

Por tanto, está en cuestión la manera cómo el Gobierno se propone seguir enfrentando la pandemia. Cunde la crítica al verticalismo gubernamental, en el sentido de que el Gobierno decide y la sociedad simplemente acata (considerando que esta posición era razonable cuando, aparte de las decisiones gubernamentales, no había alternativas estratégicas emergentes de la sociedad). Pero ya en julio pasado las estrategias alternativas habían aflorado, como, por ejemplo, la de los “cercos epidemiológicos”, planteada desde el Colegio Médico del Perú (CMP) y en aportes de científicos y especialistas que analizan la evolución de la pandemia en el Perú.

Como se sabe, esos cercos consisten en acciones trasversales del Estado (digamos: MINSA, MINDEF, MININTER, MIDIS, MIMPV) para identificar los lugares en los que está mayormente concentrada la infección por el virus y, en ellos, darle un seguimiento a los contagiados y a sus redes de contactos para aislarlos. Aunque a estas alturas hay incertidumbre acerca de si esto es viable para las ciudades grandes ya tomadas (Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, entre otras), donde ya no hay focos infecciosos sino una infección extendida, como afirma el PCM Martos.

El PCM Walter Martos ha declarado (16 de agosto) que en torno a la recomendación de varios especialistas, para la ejecución de un cerco epidemiológico, que esta estrategia se utiliza al inicio de la pandemia, cuando hay muy pocos infectados, de modo que “sería muy difícil” hacerla cuando hay contagios comunitarios. A esto se suma la resistencia o el rechazo del Gobierno para atender y articular iniciativas privadas y sociales que han tenido que sustituir a la ausencia del Estado, como en el tema del oxígeno, por ejemplo.

Se percibe entonces que el Gobierno no quiere trabajar con esas iniciativas y más bien insiste en una visión de raíz militar y de estilo verticalista, que aterriza en acciones como la Operación Tayta (Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento frente al Covid19), que se realiza en Lima y otras regiones por el MINDEF y el MINSA desde junio pasado, con el objetivo de “brindar protección a la población más vulnerable al Covid19 en zonas del alto riesgo, como son las personas mayores de 60 años y/o con problemas de comorbilidad”.

Pero mi apreciación de la Operación Tayta es que carece de sostenibilidad porque no asegura el seguimiento de la situación de los individuos y de las familias afectadas por la infección, y en realidad es una intervención asistencialista sofisticada, en el molde de “acción cívica” de manual, de las FFAA. que tiene a la comunidad solo como beneficiaria y no como co-partícipe de la acción. A diferencia de las estrategias impulsadas en días recientes por la Defensoría del Pueblo (DP) y la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), coincidentes con aportes de miembros de la comunidad académica y científica, que se proponen promover y activar la participación activa de la sociedad en el afrontamiento de la pandemia.

A pesar del llamado a la unión nacional, del PCM Walter Martos, comparto la extendida apreciación de que el Gobierno persiste en imponer una forma de afrontar la pandemia que no toma en cuenta alternativas. Y que no es sólo una postura de Martos sino también de la titular del MINSA, Pilar Mazzetti, quien ha valorado positivamente el verticalismo gubernamental en el afrontamiento de la crisis de salud. Tanto Martos como Mazzetti respaldan el restablecimiento de la inamovilidad social los días domingos.

Frente a eso, hay un temperamento crítico del enfoque gubernamental, y que demanda un cambio en la estrategia de lucha contra el Covid19. Ese temperamento es recogido por pronunciamientos institucionales como el del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien ha enviado el día 18 una carta abierta al presidente de la República, y quien en la prensa del día 19 afirma, con dureza: "la situación que estamos viviendo es producto de una debilidad institucional, de un déficit severo de gestión, de un enfoque equivocado y de no haber activado a las organizaciones sociales". Gutiérrez no comparte el punto de vista gubernamental –expuesto por los ministros Martos y Mazzetti, y resaltado por el presidente Vizcarra-- de que el repunte de los casos positivos de Covid19 se debe a la irresponsabilidad de la ciudadanía y a las “reuniones familiares”.

Gutiérrez también señala: “La estrategia del Gobierno tiene que cambiar, hay cosas positivas, no podemos decir que todo ha fracasado, pero lo que se ha hecho es claramente insuficiente. Tenemos un sistema sanitario colapsado, hemos tenido la cuarentena más larga y la afectación económica ha sido tremenda (…) es evidente que tenemos que reenfocar. Esto debe tener un giro radical, de 180 grados, porque si el Estado no reacciona, no reenfoca (…) lo que está por venir serán tiempos muy difíciles”. En tal sentido, el titular de la DP ha instado al jefe del Estado a “que cumpla con reenfocar la estrategia de lucha contra la pandemia”, señalando que “La cuarentena no alcanza, una estrategia basada solo en el confinamiento no alcanza”.

Gutiérrez cristaliza su apreciación planteando una nueva estrategia de combate al Covid19: “Nosotros estamos planteando que el principal activo del país es la sociedad civil organizada, estamos hablando de organizaciones sociales que a lo largo de las últimas décadas han cubierto las brechas y la ausencia del Estado. Y me refiero a las rondas campesinas, a las juntas vecinales, a los comités de vaso de leche, a los clubes de madres, a los comedores populares, entre otros. Estas organizaciones tienen que reactivarse. Hoy estamos en un estado de contagio comunitario, por lo tanto necesitamos una respuesta comunitaria”.

En la misma dirección, desde la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) asoma la propuesta “Resucita Perú Ahora”, también alternativa a la posición del Gobierno, que es presentada por el monseñor Pedro Barreto buscando promover la mayor red social posible en el país, para enfrentar la pandemia, articulando las “fuerzas vivas de la sociedad desde la ética y la firme convicción de que con las propuestas, científicamente fundamentadas y sustentadas en valores éticos, es posible lograr consensos y acciones”. La propuesta de la CEP tiene dos objetivos: “Primero, promover la salud integral de la población peruana para superar la pandemia del Covid19 con la mayor eficiencia posible (…) Segundo, promover y fortalecer la acción solidaria desde las comunidades del Perú, convocando a una amplia red de la Iglesia, la Academia y la Sociedad Civil en interlocución con las autoridades del Estado, para superar la pandemia”, con base “en la responsabilidad y solidaridad, desde la fe y la ciencia”.

En un extremo, es significativo que la visión de la CEP coincide con la de la DP en cuanto a que es necesario y urgente atender la provisión del oxígeno medicinal, que no es satisfecha por el Gobierno –más bien interesado en “defender la economía de mercado” beneficiando al oligopolio del oxígeno, según expresiones de parlamentarios— y es también necesario y urgente que el MINSA supere trabas burocráticas para aprobar la prueba molecular y rápida desarrollada en la Universidad Cayetano Heredia. Lo que contribuiría a satisfacer la aspiración de la ministra Pilar Mazzetti de sumar a futuro inmediato 800.000 pruebas moleculares en sustitución de las pruebas serológicas (pruebas rápidas), que probadamente son ineficaces para detectar la propagación del contagio, ya que sirven más bien para detectar la propagación poblacional y territorial del mismo.

El asunto de las pruebas es materia de fuerte crítica al Gobierno porque mientras la ministra Mazzetti afirma que se necesitan 800.000 pruebas moleculares más para masificar su aplicación, para perfilar mejor la propagación de la pandemia, y para adoptar las acciones tácticas que correspondan, el PCM Martos –días después— afirma que ya no es tiempo de pruebas moleculares masivas y trazado de contactos de los infectados, porque ya el contagio es comunitario. Esto pone de manifiesto la disonancia en el seno del Gobierno acerca de la utilidad del “cerco epidemiológico” como concepto estratégico, que mientras es descartado por el titular de la PCM, era respaldado por la titular del MINSA.

Digo: “era respaldado” porque la titular del MINSA emite señales de cambiar de discurso, presumiblemente para superar su disonancia con el PCM. Es así que el día 18 ha relativizado su posición, al mencionar ante la prensa que “hablar de cerco parece no estar de moda. Lo importante es estar en estado de alerta”. En estas circunstancias, resulta incierto que Mazzetti prosiga enfatizando que son necesarias 800.000 pruebas moleculares, si es que no va a impulsar la estrategia de “cercos comunitarios”, sino, solamente, “para estar a la altura de otros países”.

El aumento de los contagios en julio y agosto ciertamente aporta una justificación razonable, aunque insuficiente, para la decisión del Gobierno de reponer la inamovilidad social los días domingos, a nivel nacional, aparte de mantener distintos estatus de cuarentena por regiones del país.

Los críticos de la decisión gubernamental la cuestionan aduciendo que si hasta junio inclusive la inamovilidad social los domingos no logró controlar la expansión de la pandemia, repetir la misma táctica es ocioso, ineficaz e ineficiente.

La aplicación de la medida y sus resultados son debatibles pero lo realmente significativo al respecto es el cambio muy importante en el discurso gubernamental al respecto. Desde el MINSA y la PCM ahora se lanza el mensaje de que ya no se trata de “contener” la propagación de la pandemia, sino de “mitigar” la pandemia. Así, el viceministro de Salud apareció ante los medios para afirmar que la contención de la infección era posible en un primer momento, cuando el aumento de los contagios no era comunitario; pero que luego (es decir, ahora) ya en un escenario de contagios comunitarios, la pandemia solamente puede ser mitigada, no contenida. Declaración extemporánea porque el Gobierno había reconocido la etapa de contagios comunitarios en junio pasado. Pese a ello, el viceministro desautorizó la posibilidad de los “cercos epidemiológicos” y otras tácticas de contención. En el lenguaje del PCM Walter Martos, los cercos ya no son viables porque implicarían “inmovilizar a grandes grupos de población” y eso no es logísticamente sustentable.

El nuevo discurso gubernamental sobre el afrontamiento de la pandemia pretende obviar que en el período del 16 de marzo al 30 de junio, cuando rigió la cuarentena rígida, más precisamente en marzo y abril, el Gobierno no se avocó realmente, en los hechos, a aplicar una estrategia de contención –aunque la mencionaba con los mensajes de “martillazos”, “aplanar la curva” infecciosa, y aproximación al estado de “meseta”--. Puede concederse que de marzo a mayo inclusive el Gobierno tuvo que aprender cómo afrontar una situación tan crítica como inédita, y que su “curva de aprendizaje” ha sido bastante pronunciada, lenta y prolongada. También se puede conceder que de marzo a junio inclusive el Gobierno aprovechó el tiempo para aumentar las capacidades estatales de atención hospitalaria (aumento de 900% de camas hospitalarias, y de casi 600% de camas UCI, por ejemplo).

Pero es incontrovertible que en ese tiempo fracasaron los “martillazos” y no asomó la “meseta” infecciosa en el horizonte del futuro inmediato (aunque se visualizaba para después de junio). Y eso, básicamente, porque el Gobierno no supo planificar ni implementar apropiadamente el control de las aglomeraciones causadas por la entrega de subsidios –que hoy en día se repiten con la nueva entrega de bonos--, ni el estrés social expresado en un masivo impulso a realizar compras de bienes de subsistencia; y principalmente porque no activó el dispositivo existente de centros de atención primaria (preventiva y comunitaria) que hubieran reducido en su momento la demanda de atención hospitalaria, ni autorizó la aplicación enérgica de la acción de las fuerzas del orden imponiendo la disciplina social.

Entonces, el nuevo discurso gubernamental, que postula la mitigación de la pandemia –no la contención y menos todavía el control--, asignando a la población la responsabilidad para tal efecto, implica la pretensión disimulada de omitir el reconocimiento del fracaso de su gestión de marzo a junio inclusive. Esto, sin considerar los temas contenciosos y hasta penales que afectaron esa gestión, sobre todo en cuanto a corrupción o lenidad punible en adquisiciones de equipos y materiales, incluyendo el oxígeno medicinal, cuya dotación fue trabada desde el Gobierno por razones ideológicas.

Sin embargo, es posible, conveniente y necesario --aún ahora, tardíamente-- plantear algunas intervenciones que permitan articular los esfuerzos de manera mancomunada, con protagonismo social desde las experiencias colectivas, “de abajo hacia arriba”, desde la iniciativa social y la iniciativa privada. Se estima que la aplicación de intervenciones en el marco de una nueva estrategia, como la delineada por la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal y especialistas de la comunidad académica, sería muy afín al concepto de “cercos epidemiológicos”, e implicaría probablemente la profundización y extensión del Programa Tayta, superando su vena asistencialista y de “acción cívica” militar, además de contribuir a frenar el avance de la pandemia sin necesidad de reponer o mantener la cuarentena, considerando que la inmovilización social donde se prohíbe las reuniones familiares y sociales no sólo agravará la economía familiar, sino que además obstaculiza que se materialicen acciones de responsabilidad compartida enfrentando a la pandemia.